Se ha hablado mucho durante el  último año y medio de la Ley de Acceso a la Información, Buen Gobierno y Transparencia. Soy de los que pienso que ha sido una oportunidad perdida para conseguir dar el salto adelante que la sociedad española necesitaba. Aun así, estoy esperanzado de que la propia dinámica de la sociedad empuje muy pronto al legislador a superar una Ley de transparencia que nace insuficiente. El propio proceso que ha vivido la tramitación del proyecto de ley y la inclusión por presión popular en el texto definitivo de la Corona o de los Partidos políticos (como dos ejemplos paradigmáticos), me invitan a ser optimista. La sociedad suele ir por delante de los legisladores.

 

Pero hoy no quiero quedarme en el análisis legislativo o jurídico de la Ley para el cual hay además personas mucho mejor capacitadas que yo. Si me permiten una recomendación, echen un vistazo a los numerosos artículos publicados sobre el asunto por Elisa de la Nuez en el Blog Jurídico ¿Hay Derecho? En mi caso, me gustaría centrarme en un aspecto de la transparencia que considero vital: la transparencia como actitud.

 

Y es que por muchas leyes que aprobemos (en España somos campeones en producirlas y, lo que es peor, en incumplirlas…), si la transparencia no cala en todos los niveles de la sociedad, no habremos conseguido absolutamente nada. Por eso es imprescindible que Administraciones, partidos políticos, Corona, etc. sean sujetos de aplicación de la Ley de transparencia. Y que lo sean de manera decidida, fundamentalmente por el papel de ejemplaridad que desempeñan en el cambio cultural necesario en la vida pública española.

 

"Celebro que el CERMI, como actor destacado de la sociedad civil organizada que es, haya promovido públicamente que la ley de transparencia se aplique también a las entidades de iniciativa social. No hay mejor muestra de que creemos en la bondad de algo como cuando queremos ser los primeros en recibir el tratamiento. Ojalá cunda el ejemplo"

 

Un dato preocupante es que la Administración parece seguir considerando todavía la transparencia como un favor “graciable” y no como un derecho que tenemos los ciudadanos por el hecho de pertenecer a una sociedad democrática.  El debate que se ha tenido acerca de la Ley me ha parecido más táctico que ideológico y el resultado final de los apoyos recibidos muestra sospechosamente que la ley sea satisfactoria para el partido en el Gobierno e insatisfactoria, en su gran parte (el apoyo recibido por los partidos nacionalistas me temo que tiene otra lectura…), para los partidos de la oposición. Mucho me temo que si hubieran sido otros los promotores nos encontraríamos con un reparto de apoyos parecido: el Poder a favor de una transparencia limitada y la oposición reclamando más democracia y más transparencia. Y es que sobre las virtudes de la transparencia hay bastante consenso teórico pero demasiadas veces los Gobiernos siguen sintiendo la transparencia como una intromisión incómoda en su labor ejecutiva.

 

Tampoco es muy esperanzadora la aplicación “real” de la transparencia y el ejemplo más reciente (hay cientos) es que al mismo tiempo que se aprueba con cierta fanfarria esta Ley se promueven conversaciones “secretas” sobre asuntos de interés general que deberían debatirse con toda la luz pública posible.

 

La propia sociedad española es todavía reacia a actuar en muchos casos con transparencia y eso se hace evidente en un conocido refrán castellano: “los trapos sucios se lavan en casa”. Demasiadas veces se confunde la discreción necesaria en nuestras relaciones con los otros con el oscurantismo, la opacidad y el no dar cuentas a nadie de lo que se hace.

 

La transparencia no es el bálsamo de Fierabrás que todo lo sana, pero tiene muchas e indudables ventajas. Actuar con transparencia tiene, en primer lugar efectos innegables sobre la corrupción. Podríamos resumirlo en una fórmula que admite poca discusión: a mayor opacidad, mayor corrupción. Cuanta más oscuridad existe en un proceso, más fácil le resulta al delincuente actuar a su antojo y hacerlo en beneficio propio. No es casualidad que los criminales suelan preferir la noche a la luz del día. Y en segundo lugar, la transparencia tiene un efectosaludable sobre actuaciones y procedimientos. Cualquier actividad sometida al escrutinio público es mucho más susceptible de ser mejor que la que es realizada en la mayor de las opacidades. Y no sólo es mejor de partida sino que tendrá muchas más oportunidades de mejorar en el tiempo. A esa labor de mejora continua contribuirán los ojos de miles de ciudadanos interesados en que las cosas que les afecten funcionen razonablemente bien.

 

Es imprescindible que la transparencia no se quede sólo en un texto legal  y que se incorpore al acervo ciudadano, que pidamos con naturalidad información sobre lo que nos atañe, que la exijamos cuando no exista y que castiguemos al que actúe con opacidad y sin rendir cuentas. Ser ciudadano en una sociedad democrática requiere un esfuerzo continuado y no bajar nunca la guardia. Imaginemos, solo por un momento, qué habría cambiado en nuestra historia reciente si los ciudadanos hubiéramos sido más activos y qué habría ocurrido con ciertos casos de corrupción por todos conocidos.

 

Por esa razón, celebro que el CERMI, como actor destacado de la sociedad civil organizada que es, haya promovido públicamente que la ley de transparencia se aplique también a las entidades de iniciativa social. No hay mejor muestra de que creemos en la bondad de algo como cuando queremos ser los primeros en recibir el tratamiento. Ojalá cunda el ejemplo.